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Con apenas 105 días de registro, una empresa recibió un contrato de $596,5 millones en Restrepo. En la dirección registrada no conocen a su representante legal y los soportes aparecen como confidenciales, pese a comprometer recursos públicos.
La Corte Suprema rechazó los recursos de las defensas y dio vía libre al proceso por presuntos votos a cambio de contratos de obras públicas.
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