Villavicencio
Empresa contratista de la Alcaldía de Villavicencio ejerce presión judicial contra la prensa
Se trata de Invest in Orinoquia, empresa que quiso realizar el festival de globos aerostáticos y terminó alquilándole oficinas a la Administración.
Mediante presión judicial, la agencia Invest in Orinoquia S.A.S. estaría pretendiendo que la prensa local se abstenga de abordar asuntos de interés público, como los relacionados con el fallido Festival de Globos Aerostáticos en Villavicencio y el polémico alquiler de un piso de oficinas en el edificio Potenza para la Alcaldía municipal.
Dicha agencia trató de contratar la exhibición de globos, pero el proceso fue declarado desierto porque al parecer no cumplió con los requisitos técnicos. Aun así, decidió realizar la exhibición sin cobrarle a la Alcaldía, algo así como una donación, afirmó el alcalde Alexander Baquero. Días después, se conoció que Invest in Orinoquia le alquiló a la Alcaldía de Villavicencio un piso de oficinas en el edificio Potenza, lo que para el concejal Gustavo Basto sería un presunto favor político, como lo manifestó en sus redes sociales.
Este medio conoció que Invest in Orinoquia instauró dos acciones de tutela contra el periodista Andrés Molano, de la revista Agenda Hoy, porque la información supuestamente vulneró el derecho al buen nombre Didier Sánchez Valek, su representante legal. Sin embargo, tanto el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio como el Tribunal Administrativo del Meta, le negaron la tutela en primera y segunda instancia.
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Aun así, por motivos similares, Invest in Orinoquia instauró una nueva tutela, que para el demandado sería un evidente caso de acoso judicial, ya que los juzgados antes mencionados negaron la primera tutela y no encontraron motivos para decidir que hubo alguna vulneración. En ese sentido, se constituiría en un hecho temerario y un abuso del sistema judicial para silenciarlo.
Al respecto, la misma Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha dicho que una de las principales amenazas a la libertad de expresión y libertad de prensa, y la más recurrente, «es la judicialización de conflictos de libertad de expresión, incluso en causas infundadas, con el fin de silenciar asuntos de interés público».
